POR: LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ
El pasado 19 de mayo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, recibió la Medalla Servicios Distinguidos, en categoría
Excepcional, otorgada por la Policía Nacional de la República de
Colombia, de manos del presidente de aquel país, Juan Manuel Santos,
careciendo del permiso constitucional para ello.
Este
acontecimiento no puede pasar desapercibido. En primer lugar, porque
García Luna es uno de los responsables directos de la estrategia fallida
de “combate” al narcotráfico, que ha dejado más de 40 mil muertos. En
segundo lugar, porque la medalla le fue concedida a García Luna sin
contar con el debido permiso del Congreso, tal como lo establece la
Constitución en su fracción III, apartado C, artículo 37, que a la letra
dice: “La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar
condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su
Comisión Permanente”.
García Luna solicitó permiso para aceptar la
medalla del gobierno colombiano apenas el 18 de mayo y la recibió al
día siguiente, sin que el permiso hubiese sido concedido. Así, el
funcionario pasó por alto el texto constitucional. Conforme a derecho,
procede la pérdida de la ciudadanía mexicana de García Luna, según el
artículo antes citado y, por consiguiente, de acuerdo con el artículo 91
constitucional, su remoción como titular de Seguridad Pública, pues
nadie puede ser secretario del despacho si no es ciudadano mexicano.
En
principio, el gobierno federal había reconocido que García Luna
solicitó el permiso para aceptar la medalla y que aún faltaba recibir la
afirmativa por parte del Congreso, por lo que se tendría la medalla “en
custodia”. Sin embargo, las fotos publicadas en diversos diarios
encarnan su propio desmentido, pues en ellas aparece un García Luna
portando en su pecho orgullosamente la medalla.
Al argumento falaz
de la “custodia” siguió la embestida de los legisladores del PRI y del
PAN en la Permanente, quienes emplearon, una vez más, discursos
tramposos, a los que recurren cada vez que buscan defender sus intereses
y cuidarse las espaldas. Estos legisladores argumentaron, entre otras
cosas, que García Luna no requería de la autorización del Congreso para
aceptar la medalla pues no se trataba de una condecoración, sino de un
reconocimiento, y que no se podía “agraviar” al pueblo hermano de
Colombia rechazando la medalla o cuestionando su entrega.
En el
colmo del cinismo, un legislador se atrevió a señalar que la labor de
García Luna es aprobada por muchos mexicanos y que así lo han demostrado
las muestras de apoyo de varias organizaciones sociales. Esta
afirmación contrasta con la exigencia pública de la Marcha por la paz
con justicia y dignidad, que demandó la renuncia de García Luna el
pasado 8 de mayo.
En la reunión de la Comisión presenté la
argumentación que demuestra la inconstitucionalidad de la premiación a
García Luna y exigí su renuncia o, en caso de negativa, la promoción de
un juicio político en su contra. Como siempre, se impusieron los
intereses de los poderosos y todas estas propuestas fueron rechazadas.
Por lo que, una vez más, los artífices del Estado policiaco que hoy
vivimos en México han pasado por encima de la soberanía nacional y de la
ley fundamental de este país.
Habrá que estar orgullosos pues, de
la medalla otorgada a García Luna, ahora resulta que la ignominia
también amerita condecoraciones.
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