El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. En ese marco, se conmemora la 100 Conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra del 1° y hasta el 17
de junio, donde representantes de la Organización Familia Pasta de
Conchos promovieron la visita de la OIT a México para constatar los
niveles de inseguridad laboral que imperan en las minas de carbón y la
persistencia del trabajo infantil.
Un ejemplo claro de las precarias condiciones de trabajo de los mineros
del carbón en México fue el desastre ocurrido en el pocito de Sabinas,
Coahuila, hace ya más de un mes. Este suceso puso en riesgo la vida de
un menor que perdió un brazo debido a la explosión. Por desgracia, este
caso está lejos de ser una excepción. La Organización Familia Pasta de
Conchos ha identificado al menos seis lugares inspeccionados por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social el año pasado, en los que
laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. La explotación de
menores en las minas de carbón es, pues, una realidad pese a los dichos
del Gobierno.
Lo anterior podría considerarse una consecuencia de la negativa del
Gobierno mexicano a ratificar el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y
salud en minas, y el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al
empleo. No obstante, más allá de las discutibles razones para justificar
esta negativa, debe advertirse que México sí ratificó el Convenio 182
de la OIT, referente a las peores formas de trabajo infantil, y que
dicho convenio es letra muerta en este país, al ser violado
sistemáticamente por las autoridades.
El convenio 182 señala en su artículo 3°, inciso d) que la expresión
“las peores formas de trabajo infantil” abarca “el trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. A
continuación, el artículo 4° señala que los tipos de trabajo a que se
refiere el artículo previo deberán ser determinados tomando en cuenta la
Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil. Este último
documento se refiere, en el párrafo tercero, apartado b), a: “los
trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas
peligrosas o en espacios cerrados”.
Lo anterior demuestra que las autoridades han sido omisas en el
cumplimiento de acuerdos internacionales ratificados, y sólo tratan de
eludir su responsabilidad buscando subterfugios legales. A pesar de que
la Ley Federal del Trabajo señala claramente la posibilidad de clausurar
las minas en caso de riesgo, la actual administración se ha negado a
cerrar las minas que no cumplen con la normatividad en materia de
seguridad e higiene; por eso no garantiza condiciones de trabajo óptimas
para los inspectores de minas de la STPS; por eso permite que los
menores trabajen en las minas. A esta serie de omisiones se suma además
la red de complicidades y corrupción en torno a las concesiones mineras.
Según datos de Andrés Manuel López Obrador, se tiene concesionado el
27% de nuestro territorio, es decir, más que en la época porfirista.
Es imperativo poner un alto a las irregularidades en las minas de carbón y exigir que las inspecciones cumplan con su objetivo.
Para ello, presenté un punto de acuerdo que solicita una auditoría a la
STPS que revise el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones a
las minas del carbón en Coahuila. La propuesta será discutida en la
Tercera Comisión de la Permanente el día de hoy. Es la oportunidad para
definirse: se puede optar por la técnica del avestruz y los oídos
sordos, votando en contra y permitiendo que continúe la impunidad de la
dependencia encabezada por Javier Lozano, o empezar a hacer justicia a
los trabajadores mineros explotados de nuestra patria.
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