El pasado 19 de mayo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, recibió la Medalla Servicios Distinguidos, en categoría
Excepcional, otorgada por la Policía Nacional de la República de
Colombia, de manos del presidente de aquel país, Juan Manuel Santos,
careciendo del permiso constitucional para ello.
Este
acontecimiento no puede pasar desapercibido. En primer lugar, porque
García Luna es uno de los responsables directos de la estrategia fallida
de “combate” al narcotráfico, que ha dejado más de 40 mil muertos. En
segundo lugar, porque la medalla le fue concedida a García Luna sin
contar con el debido permiso del Congreso, tal como lo establece la
Constitución en su fracción III, apartado C, artículo 37, que a la letra
dice: “La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar
condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su
Comisión Permanente”.
García Luna solicitó permiso para aceptar la
medalla del gobierno colombiano apenas el 18 de mayo y la recibió al
día siguiente, sin que el permiso hubiese sido concedido. Así, el
funcionario pasó por alto el texto constitucional. Conforme a derecho,
procede la pérdida de la ciudadanía mexicana de García Luna, según el
artículo antes citado y, por consiguiente, de acuerdo con el artículo 91
constitucional, su remoción como titular de Seguridad Pública, pues
nadie puede ser secretario del despacho si no es ciudadano mexicano.
En
principio, el gobierno federal había reconocido que García Luna
solicitó el permiso para aceptar la medalla y que aún faltaba recibir la
afirmativa por parte del Congreso, por lo que se tendría la medalla “en
custodia”. Sin embargo, las fotos publicadas en diversos diarios
encarnan su propio desmentido, pues en ellas aparece un García Luna
portando en su pecho orgullosamente la medalla.
Al argumento falaz
de la “custodia” siguió la embestida de los legisladores del PRI y del
PAN en la Permanente, quienes emplearon, una vez más, discursos
tramposos, a los que recurren cada vez que buscan defender sus intereses
y cuidarse las espaldas. Estos legisladores argumentaron, entre otras
cosas, que García Luna no requería de la autorización del Congreso para
aceptar la medalla pues no se trataba de una condecoración, sino de un
reconocimiento, y que no se podía “agraviar” al pueblo hermano de
Colombia rechazando la medalla o cuestionando su entrega.
En el
colmo del cinismo, un legislador se atrevió a señalar que la labor de
García Luna es aprobada por muchos mexicanos y que así lo han demostrado
las muestras de apoyo de varias organizaciones sociales. Esta
afirmación contrasta con la exigencia pública de la Marcha por la paz
con justicia y dignidad, que demandó la renuncia de García Luna el
pasado 8 de mayo.
En la reunión de la Comisión presenté la
argumentación que demuestra la inconstitucionalidad de la premiación a
García Luna y exigí su renuncia o, en caso de negativa, la promoción de
un juicio político en su contra. Como siempre, se impusieron los
intereses de los poderosos y todas estas propuestas fueron rechazadas.
Por lo que, una vez más, los artífices del Estado policiaco que hoy
vivimos en México han pasado por encima de la soberanía nacional y de la
ley fundamental de este país.
Habrá que estar orgullosos pues, de
la medalla otorgada a García Luna, ahora resulta que la ignominia
también amerita condecoraciones.
Queremos penetrar hondo, hacia el interior del tema que se trata: de la ciudadanía; de sus raíces profundas.
Adolfo Orive
Hace décadas, Guillermo Bonfil Batalla —antropólogo
mexicano— habló de un México profundo: de una civilización negada; de
una crisis económica e intelectual; desempleo, desmotivación social y
de los indígenas mesoamericanos. Ahora, el término que lo abarca todo
es el de la ciudadanía profunda: una categoría socioeconómica, política
y cultural negada por las instituciones que la ahogan y los sujetos
que deciden desde esas instituciones.
Queremos penetrar hondo,
hacia el interior del tema que se trata: de la ciudadanía; de sus
raíces profundas, de lo que tiene grande en relación con la economía,
con la política, con lo social y lo cultural. Queremos no detenernos en
la superficie de la coyuntura periodística; pretendemos llegar a lo
íntimo, a lo medular, a lo que se oculta a la simple vista. Porque un
país que requiere de análisis no se puede tejer de nota en nota.
Desde
hace más de dos mil años, los griegos nos enseñaron que ciudadano era
aquel que se ocupaba con gusto de los asuntos públicos de su ciudad;
ahora, su nación. Y asuntos públicos no solamente son aquellos que
tienen que ver con lo político; porque lo público y lo político no son
exclusividad del Estado, como pretende el pensamiento liberal ramplón.
La economía también es asunto público, aunque la propiedad de las
empresas sea privada: de su crecimiento depende la generación de empleo
y el mejoramiento del nivel de vida de la gente. Por eso la economía
es política; aunque los economistas y políticos neoliberales quieran
blindar la economía de la política.
Lo social y cultural también
son espacios públicos: la individualización extrema —promovida como
valor por instituciones de educación privada y el duopolio televisivo—
destruye el tejido social, las redes tradicionales de solidaridad y
hasta la misma identidad nacional. Sólo con política y actividad
pública los ciudadanos pueden revertir este proceso.
Los
problemas que aquejan profundamente a la ciudadanía tienen que ver, sí
con el Estado, pero también con la economía, la educación, la cultura y
todo lo que atañe al ser social que es un ciudadano. En México, desde
hace más de tres décadas, se han construido instituciones para la
democracia representativa, la economía de libre mercado, la educación
privada, los medios de comunicación masiva e información, que día con
día constriñen nuestro desarrollo como ciudadanos: empequeñecen
nuestras participaciones, las silencian y hasta nos clientelizan y nos
hacen apáticos. Impiden, de hecho, que desarrollemos nuestras
capacidades para ejercer una ciudadanía plena que nos permita ocuparnos
de los asuntos públicos, para que realmente podamos ser sujetos de la
historia.
Veamos la política. Las reformas del sistema político
electoral, iniciadas en 1977 y concluidas en 1996, crearon
instituciones que definen una democracia representativa, sustentada en
un sistema competitivo de partidos. Lo hicieron con la concepción
acuñada por los primeros liberales, los de la Inglaterra del siglo
XVII, que seguros de sus capacidades sólo requerían las libertades
llamadas negativas, es decir, que el Estado no interviniera en el
ejercicio de sus capacidades.
Los políticos mexicanos olvidaron
que —dada nuestra historia— la inmensa mayoría de los ciudadanos de
este país, no tenían las capacidades requeridas para ejercer su
ciudadanía plena —alimentación, salud, educación e información
suficientes, ni tampoco organización social autónoma— y, como
resultado, tenemos ahora lo que Schumpeter llamó una
competencia oligárquica de partidos. No tenemos una democracia, que
quiere decir poder del pueblo. Tenemos una república oligárquica de
partidos.
En la economía llamada de libre mercado, la que rige
nuestro país desde hace más de un cuarto de siglo, sucedió lo mismo.
Los políticos y los grandes empresarios que se unieron para imponer el
neoliberalismo, también supusieron que los centenares de miles de
micro, pequeños y medianos empresarios —los que generaban 80% del
empleo del país— tenían la capacidad innata de que, una vez abiertas
las fronteras a las mercancías y los capitales, podían salir airosos en
la competencia global. El resultado ha sido su aniquilación y la
reducción del mercado interno. Al margen de las grandes empresas
nacionales y transnacionales, la existencia actual de centenares de
miles de empresas consiste básicamente en su sobrevivencia a diferentes
niveles de ingreso. Escribir sobre ciudadanía profunda, es también
escribir sobre estos ciudadanos de la economía —emprendedores, técnicos
y trabajadores—, a quienes las instituciones de los llamados mercados
libres, han reducido a su mínima expresión, dejando como únicos
sujetos del destino económico de México a los muy pocos empresarios
gigantes, es decir, a los dueños de los oligopolios de las diversas
ramas de la economía.
Y en lo social, las instituciones
neoliberales —al privatizarse— están impidiendo que millones de jóvenes
se puedan capacitar en una escuela o en el trabajo y, por lo tanto, se
rompa el tejido social, la movilidad social y las expectativas
sociales, dejándolos a disposición de la emigración y el crimen
organizado; impidiendo, con todo esto, que puedan desarrollar
plenamente su ciudadanía
En México, como en todas partes del mundo,
las mujeres desempeñan múltiples roles en la sociedad: son
madres, trabajadoras o empresarias, jefas de familia y amas de casa. Las
mujeres trabajadoras dividen su tiempo en diversas tareas: en
lo profesional, en el cuidado de los hijos, el hogar, etc. Así mismo y debido a
las condiciones económicas de nuestro país en particular, se ha ido
incrementando la inserción de muchas madres al campo laboral, desempeñando con
esto de dos a tres jornadas de trabajo muy poco remunerables.
Su productividad y compromiso con las
empresas, se incrementa cuando ellas encuentran esquemas laborales flexibles
que les permiten combinar todas sus responsabilidades, tales esquema se
simplifican a trabajos de medios tiempos muy mal redituados y con escasas o
nulas prestaciones sociales
La compañía de investigaciones Regus, según
la OIT (Organismo Internacional de
Trabajo), deduce que las compañías no quieren contratar a mujeres madres,
demostrando esto la más amplia desigualdad de oportunidades en el mercado
laboral de género.
Los mismos estudios anteriores revelan que los
empleadores, temen que las madres trabajadoras no muestren compromiso y esto
les reste responsabilidad y flexibilidad que otros empleados, la incertidumbre
de que abandonen el puesto poco tiempo después de haberse capacitado para tener
otro hijo o que por estar a cargo del crecimiento de los primeros años de los
hijos ofrezcan conocimientos desactualizados.
La mujer ha jugado siempre roles específicos
que los estereotipos de género le
han impuesto: el ser madre, mujer, esposa, hermana, hija, etc. Siempre ha
venido cargando con un lastre de obligaciones a tareas en el hogar y siempre es
la cuidadora y responsable de hijos, mamás, papás, parientes, dependientes, etc.,
dejando atrás y en segundo término el rol de mujer trabajadora.
Es importante saber que es GÉNERO para
comprender el siguiente artículo, ahondaré un poco más en la definición:
La utilización del
término género se ha popularizado en los últimos años y por ello a pesar
de las críticas que por diferentes razones rechazan la utilización del término.
Entendemos por GÉNERO:
A un conjunto de ideas,
creencias culturales, históricas, tradicionales, y sociales, que se construyen en
cada cultura a través de la familia, la cual es el principal pilar educador,
secundado por el entorno que nos rodea, y por las demás instituciones del
Estado como la escuela principalmente, que es donde el niño tiene una formación
importante. Esta construcción social toma como base las diferencias sexuales de
cada individuo. Y la sexualidad o sexo son las diferencias biológicas entre
hombres y mujeres.
El género
condiciona nuestra forma de actuar, de pensar, de entender el
mundo, de relacionarnos, del mismo desarrollo y la interacción en cada rol
social que es impuesto bajo patrones sociales, culturales y psicológicos ya que
son inculcados y totalmente introducidos tradicionalmente, es por tanto que
impone que unas y otros podamos desarrollar nuestras capacidades. Aun que esta no
es una sentencia, ya que estas imposiciones las podemos modificar con una
diferente educación.
La construcción
social del género, tradicionalmente ha considerado a las
mujeres como seres inferiores, delimitando sus funciones a la reproducción y
confinándolas al espacio privado. El espacio público estaba, y en parte sigue
estando reservado a los hombres. Es necesario romper con la tradición y así
mismo las imposiciones de los roles y estereotipos de género ya dictaminados,
para que mujeres y hombres vivamos en condiciones de igualdad.
El Género es una
construcción social está basada en la tradición, en la cultura y en la
sociedad, es muy difícil de erradicar por que viene transmitiéndose de
generación en generación y ha sido heredada a través de la educación, a través
de la familia. ES POR TANTO QUE ES NUESTRA
OBLIGACION CAMBIARLA y mejorarla con INCLUSIÓN, IGUALDAD Y PARIDAD.
CAMBIAR NUESTRA
EDUCACIÓN y consciencia, Y COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES, ES DECIR TENER CORRESPONSABILIDAD y respeto de la
otredad.
No hay corresponsabilidad
en los hogares, es decir una participación de todos los miembros de un hogar de
las responsabilidades, esto tiene que ver sin duda con cargas culturales arraigadas al patriarcado y por ende al
estereotipo de género muy marcado todavía en nuestra sociedad. Es por ello que
a las madres trabajadoras y madres solteras les es muy difícil insertarse en el
campo laboral remunerado al igual que un
varón y a la permanencia de este.
Las mujeres muchas veces tienen que dejar sus
proyectos de vida, si son profesionistas hacen a un lado su carrera y se
estancan laboral y profesionalmente, teniendo que sujetarse a las decisiones
del hombre a este fenómeno le llamamos CONDICIONANTES
DE GÉNERO, ya que muchas veces la mujer es chantajeada emocionalmente para
poder vivir una vida tranquila y sin problemas.
Los conceptos: Género
y poder están directamente relacionados. El sistema patriarcal dejó
a las mujeres sin poder, sin capacidad para decidir su propio destino. Relegó a
la mujer únicamente al espacio doméstico, la privó de todo poder político y
económico. La desigualdad de género es consecuencia del poder
masculino que ha mantenido en una posición subordinada a las mujeres.
Es por esto que las
mujeres de hoy debemos retomar lo que nos ha sido arrebatado durante muchos
años, crear una conciencia de educación y empezar por nuestros propios hogares
a poner limites y a educar con una diferencia concientizada a nuestros hijos de
manera equitativa e igualitaria, dejando a un lado esos lastres ideáticos con
tintes de exclusión y discriminación por el simple hecho de que “nosotras
fuimos así educadas”. Lo más difícil sería moldear una relación de pareja, reeducándose y respetando los espacios vitales
de individualidad y dualidad.
Lo anterior sería en el ámbito
privado, en el público nuestro empoderamiento deberá ser participativo, tomando
decisiones, ejerciendo nuestros derechos en todos los ámbitos: social,
cultural, político, económico y laboral. Tenemos que cambiar el contexto, las
tradiciones arcaicas y retrogradas de nuestra mala educación. Es nuestro deber
como mujeres prepararnos para que tenga éxito este Empoderamiento. Y es el
deber de todos en conjunto estar abiertos y conscientes a un cambio de
mentalidad acorde a nuestros tiempos e incluso sustentable.
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres
de Beijing consideró que para eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres era necesario lograr el empoderamiento de las mujeres.
Es un empoderamiento que da a las mujeres poder para:tomar
sus propias decisiones y a intervenir y actuar para cambiar la realidad.
La realidad es que el
trabajo de las mujeres sigue siendo considerado secundario, máxime si el
trabajo que desempeña es en el hogar, por que ni está reconocido en el ámbito privado,
mucho menos en el público. Lo cierto es que debemos defender todos los logros
obtenidos en cuanto a todos los trabajadores, esto viene a colación por lo de
la pretendida Reforma Laboral,
orquestada por el PRI y el PAN, la relación que tiene para la equidad e
igualdad de género es nula, es un engaño para todo el pueblo mexicano. Lo que
se está tratando de vender: al aseverar que se abrirán nuevas oportunidades
para todos, incluyendo mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
El día 3 de mayo
el secretario de trabajo y previsión social: el panista, Javier Lozano Alarcón,
difundió a los jóvenes en del ITAM, que se crearán mejores climas de trabajo,
con contratos a prueba, contratos por temporada, esporádicos; para que así haya
oportunidades para todos.
Pero lo que no les
mencionó fue que el clima laboral seria de incertidumbre e inestabilidad. No indicó
que el patrón podría despedirlos sin una justificación previa, no aclaró que se
iban a violar sus derechos laborales, entre otros.
Habló también de una
mayor equidad de mujeres, respecto a los hombres, situación que dista mucho de
darse si se logra aprobar esta aberrante reforma laboral o también conocida
como ley Abascal o ley Lozano.
Estas pretendidas
reformas son regresivas y retrogradas y de ninguna manera ayudarán a hombres ni
a mujeres ya que…
1. Desaparece el derecho al aviso de despido para
los trabajadores domésticos. Hay muchas trabajadoras domésticas.
2. Legitima las renuncias “en blanco” al modificar
el artículo 53 de la LFT que en la vigente requiere de un acuerdo entre las
partes.
3. Sobre el Outsourcing, sistema de contratación
con enormes vacios legales, ya implementado desde hace muchos años, violando
constantemente la misma ley federal de trabajo, la constitución política
mexicana, los Derechos Humanos e incluso las Garantías Individuales, por que
dese hace tiempo ya se firmaban contratos con renuncia integrada el mismo día
de la contratación y nuestro gobierno haciendo caso omiso de estas
irregularidades.
Ahora bien lo que busca esta pretendida reforma
PRIANISTA es darle un marco legal a esta serie de arbitrariedades:
4. Legalizando las contrataciones ilícitas de terceristas que siempre ha hecho
de las suyas, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones
laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándole “fraudes
legales” contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en
el artículo 13 de la ley federal del trabajo. Muy ad hot en los empleos de
medios tiempos, donde la mujer trabajadora madre, es donde se inserta, debido a
la posibilidad de sus horarios, en los famosos Call centers o también llamados
telemarketings y que para nuestra sorpresa estos tipos de contrataciones se ejercen
en el propio gobierno del D.F.
5. Esta ley es discriminatoria, arbitraria e
indignante contra todos y desprotege muy visiblemente a las trabajadoras domesticas,
porque en caso de despido el patrón no estaría obligado a entregar un aviso de
rescisión de contrato.
6. El creciente desempleo permitirá
mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, a las madres y madres
solteras con más bajos salarios e
incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse medidas legales para
evitarlos; no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de
trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las
ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento.
7. La iniciativa de ley carece de perspectiva de género permitiendo se mantenga
la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres.
8. Sobre la seguridad socia, en la “tabla de enfermedades de trabajo” y la
“tabla de valuación de incapacidades permanentes”, que hoy contemplan los
artículos 513 y 514 de la ley federal del trabajo dejan estar incorporadas a
ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejado de
ser derechos laborales básicos. Esto afectara a todos, pero muy directamente a
la mujer antes y después del embarazo.
Desde hace 28
años, la gran mayoría de las reformas constitucionales e iniciativas de
Ley impulsadas por la alianza PRI-PAN desde el Congreso de la Unión han
ido en detrimento de millones de mexicanos: entrega de la banca nacional
a la inversión privada extranjera; abandono del campo; cesión de la
explotación minera a grupos empresariales; entrega de la educación media
y superior al mercado; incremento de impuestos a trabajadores, micro,
pequeños y medianos empresarios, entre muchas otras.
Tomando en cuenta
lo anterior, no debe sorprender que estemos ante otro intento de las
bancadas mayoritarias por emitir una ley que lastime severamente al
tejido social y afecte libertades básicas consagradas en nuestra
Constitución. Pretextando la alarmante crisis de seguridad y ausencia
del Estado en muchas zonas del país, buscan facultar al titular del
Ejecutivo a fin que pueda solicitar la intervención de las fuerzas
armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político,
electoral, de índole social o del trabajo”, cuando considere que
“constituyan un desafío o amenaza”.
Tan lesiva
propuesta deja al arbitrio del grupo en el poder, y más grave aún, de
una sola persona, determinar si un hecho específico representa una
amenaza o desafía la seguridad interna, disponiendo en consecuencia del
ejército y otros cuerpos responsables de la seguridad nacional.
Ante este
panorama tan adverso, he de insistir en la necesidad de generar la
asociación consciente de los mexicanos, que los millones y millones de
personas afectadas por esta voracidad en el ejercicio del poder se
organicen, nos organicemos. Informando de manera personal, por las redes
sociales, o correo electrónico a cada vez más personas, éstas podrán
formar un mejor juicio respecto al acontecer nacional y no necesitaremos
intermediarios que responden a intereses distintos a los de la mayoría.
Que seamos ciudadanos haciéndonos de los espacios públicos virtuales.
La realidad
establece que de poco sirve quejarse y, contrario a lo que muchos
piensan, nuestra labor como agentes de cambio desde la izquierda debe ir
más allá de evidenciar el fracaso y ausencia del Estado.
Nunca antes en la
historia de nuestra nación tantos mexicanos habían protestado en las
calles, por eso es importante empoderar a esos millones. Es vital para
el futuro inmediato que cobren vida orgánica y participen activamente en
las decisiones y políticas públicas del gobierno. Es casi un
despropósito optar por la vía cómoda del señalamiento sin tomar acción.
Hoy, somos
testigos de otra arremetida por parte de PRI y el PAN por derruir los
derechos humanos y continuar con la política de sembrar terror entre la
población. Eso pasaba hace muchos años y dimos la batalla en muchos
frentes. Las circunstancias cambiaron y ahora somos, insisto, millones
los que, de organizarnos y construir desde abajo, entre todos, poder
popular podremos evitar ser objeto de esta clase de intentos por
totalizar el Estado. Tenemos ante nosotros el enorme reto de brindar a
nuestra sociedad el carácter democrático en todo el sentido de la
palabra, es decir, que se ejerza el poder del pueblo.
En días recientes, derivado de la intención en el Congreso de la
Unión por someter a discusión y posible aprobación la llamada Reforma
Política, surgió, gracias al decidido impulso de algunos intelectuales,
el debate respecto a la conveniencia o no de las candidaturas
independientes o “ciudadanas”.
Esta propuesta parece continuar,
por contradictorio que parezca, con la intención de no empoderar a la
ciudadanía. No existe algún viso por querer iniciar un verdadero proceso
histórico de manera que la mayoría de los mexicanos tome en sus manos
los espacios públicos y la resolución de sus problemáticas más urgentes.
Seguimos siendo una democracia representativa sustentada en un
sistema competitivo de partidos, y poner a personas sin aparente
filiación política a competir, no representa cambio alguno.
El
anterior es un escenario propicio para continuar y profundizar la
manipulación de los medios masivos de comunicación, de grupos
hegemónicos y el clientelismo de algunos partidos; manipulación y
clientelismo que bloquean el desarrollo de la democracia, pues la
mercantilización de la política le da un peso brutal al acceso a
recursos económicos, con los cuales deberá contar, y de manera
importante, cualquier aspirante ciudadano.
Sin duda los partidos
no sacarán las manos de las candidaturas independientes –ahí está el
IFE como muestra—, pues cuentan con recursos públicos para respaldarlos.
Por su parte, los medios de comunicación o grupos empresariales, podrán
postular a sus propios representantes. Un punto más grave aún es abrir
al narcotráfico la puerta de la legalidad para participar en las
jornadas electorales.
Al parecer, quedó para mejor ocasión
permitir a millones de mexicanos, cuyo nivel de vida no ha mejorado en
casi tres décadas, participar directamente o mediante organizaciones
sociales y cívicas de las que formen parte, en los asuntos públicos de
sus respectivas comunidades, influyendo de manera importante en las
decisiones que tomen sus representantes populares o gobernantes y el
presupuesto que ejercen mediante una ley de participación ciudadana que
empodere de manera real y efectiva a la gente.
La intención
expresada por algunos personajes públicos respecto a intervenir en la
política por fuera de los partidos, evidencia que aún conciben al poder
político como un fin, y no como un medio para transformar la realidad.
Debemos
insistir en la construcción de Poder Popular y organización ciudadana
para ser contrapeso real de las administraciones y visiones continuistas
así como del accionar tendencioso de los poderes fácticos, los cuales
adquieren cada vez mayor influencia.
Desde hace más de 30 años
hemos construido un edificio de instituciones sin cimientos, sin
participación ciudadana real. Por lo que me parece un despropósito
insertar en ese edificio candidaturas con el adjetivo de
“independientes” o “ciudadanas”, dejando de lado las tremendas
inequidades económicas, sociales y culturales manifiestas en nuestro
país. De aprobarse la reforma, decenas de millones de ciudadanos
formales seguirán únicamente marcando cruces en papeletas electorales.
Para
que haya democracia –es decir, para que el pueblo tenga poder, que no
es lo mismo que el pueblo elija gobierno— debemos promover, mediante una
ingeniería dinámica institucional, una transformación social que genere
decenas de millones de ciudadanos participativos, es decir, plenos y
empoderados, incidiendo directamente en las decisiones públicas que le
afectan mediante planeación y presupuesto participativos, algo que se
está probando y está dando resultado en la capital del país.
El Movimiento de Mujeres Clara
Zetkin del PT-DF, nos sumamos
a la indignación de la Sociedad Civil por el clima de violencia generalizado a
lo largo y ancho del país, producto de la ingobernabilidad del Estado Mexicano
y su fallida estrategia de combate al narcotráfico mediante la militarización y
uso errático de la fuerza pública.
Lo que más indigna a la
población son los asesinatos de mujeres, niños y jóvenes, que año con año van
en aumento desde el año 2006. Así mismo el hecho de que la militarización del país ha permitido la
persecución y encarcelamiento de muchos inocentes, quedando libres los
verdaderos culpables y dejando impunes estos actos violentos contra la
población civil.
La defensa de los
derechos de los pueblos originarios como San Salvador Atenco que fue
arteramente reprimido por el gobierno de Vicente Fox, acción secundada por el
gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dejado una huella imborrable en nuestra
memoria histórica y que a cinco años de distancia ha quedado sin resolver, aun están
pendientes de resarcir los daños hacia las mujeres que fueron victimas de actos
de violencia verbal, psicológica, física y sexual.
Nos pronunciamos en
solidaridad con este grupo de mujeres que de manera valiente hoy sigue
exigiendo que estos atropellos a sus Derechos fundamentales no queden en la
impunidad.
Exigimos junto con
ellas que se aplique todo el peso de la ley tanto a los ejecutores como a las
autoridades intelectuales que tuvieron participación y responsabilidades en estos
hechos.
Digamos no a más
derramamiento de sangre, no a más impunidad, no a más violación a los Derechos
Humanos.
¡EXIGIMOS JUICIO POLÍTICO A TODOS LOS AUTORES INTELECTUALES Y
MATERIALES DE ESTOS ACTOS COBARDES!
